La pelea de Kirchner con el Ejército, una confrontación fácil, exacerbada y que distrae

Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, condiciones ilegales de detención, y el Estado como responsable. Falta de cumplimiento de los derechos humanos elementales. ¿Militares en la década del 70? Por supuesto, pero también en la actualidad, policías provinciales, servicios penitenciarios y fuerzas de seguridad de distinto tipo, a lo largo de todo el territorio nacional. El presidente elige reforzar su figura de garante de los derechos humanos enfrentando a los sectores más reaccionarios del Ejército, sobreactuando en la elección de un nuevo "enemigo" militar que, por no ser ya un factor de poder real, es fácil de confrontar y deja rédito político instantáneo. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos hoy debería medirse, más que por estas escaramuzas cuarteleras, por la superación del estado de pobreza y miseria en el que sigue viviendo un porcentaje importante de nuestra sociedad, desigualdad que las políticas de este gobierno parecen consolidar. O por el índice de jóvenes asesinados por el gatillo fácil que, según denuncia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, creció en los últimos años, o las reiteradas masacres carcelarias que siguen asesinando, por acción de agentes estatales, a jóvenes que son expresión del estrato más excluido de la sociedad.

Los militares que reivindicaron el terrorismo de Estado en el acto del pasado 24 de Mayo finalmente serán echados, y eso resulta valorable como decisión de un Poder Ejecutivo que, vale reconocerlo, viene actuando en favor de desactivar la teoría de los dos demonios en lo que respecta a la lectura del accionar militar en la pasada dictadura. Aunque, como contraparte, la seguidilla de discursos, monumentos y reivindicaciones presidenciales respecto a la "generación de los 70", opera como una maniobra de vaciamiento del contenido revolucionario que aquellas luchas y las organizaciones de entonces encarnaban.

Pero, ¿alcanzan los gestos hacia el pasado para enarbolarse como paladín de los Derechos Humanos? El mismo día en que el presidente espetaba, en el día del Ejército, su desafiante "no les tengo miedo" a los militares, el Diario Popular titulaba en tapa: "Pibe fusilado por la policía". Se trataba de un caso más de gatillo fácil, ejecuciones en su mayoría de jóvenes de los barrios populares que, según Correpi, se suceden en el país con una frecuencia de día por medio. ¿Qué organismo de los que eligen acompañar al presidente y agradecerle por su política de derechos humanos cuestiona esto? ¿Cuántos fueron a ver a esa madre que lloraba porque al hijo de 15 años, un agente policial le había disparado un tiro en la cabeza a 30 cm de distancia después de haberlo puesto de rodillas? El pasado 9 de diciembre de 2005, Correpi junto a familiares de víctimas de la violencia policial leyeron una carta en la Plaza de Mayo, en la que explicaban: "Este método usado como control social tiene en la policía federal y las provinciales, la gendarmería, la prefectura y los servicios penitenciarios, la mano ejecutora y quienes más los sufrimos somos los pobres, los marginados, los que resistimos, los que tenemos muy en claro quiénes son nuestros enemigos, los que no desvirtuamos nuestra lucha y el martirio de nuestros muertos por un sueldo en una oficina del gobierno, como sí lo han hecho otros familiares y otras organizaciones que antes eran luchadoras y combativas y hoy apoyan al gobierno, convirtiéndose en cómplices de este sistema, desvirtuando todo por lo que han luchado sus hijos que murieron o fueron desaparecidos".

En el plano de las persecuciones políticas, resulta paradigmático que los hechos más graves, con probadas torturas en comisarías a manifestantes, ocupación de todo un pueblo por tropas de una Gendarmería militarizada, y detenciones a granel, se hayan sucedido en la provincia que el presidente gobernó durante una década y que sigue conduciendo con gente de su extrema confianza.

Sumado a la represión, pueden enumerarse las secuelas de un modelo económico social violatorio de los más elementales derechos humanos, que se marcó a fuego durante los noventa, y que este gobierno no apunta a revertir. "La Argentina es un país que continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superávit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social", explicaba el "Segundo Informe de Alerta Argentina sobre la situación de Derechos Humanos en la Argentina".

En este contexto, con estas políticas como sello distintivo de su gobierno, la construcción del Presidente como figura "defensora de los derechos humanos" se convierte en una necesidad fundamental para sostener la buena imagen y el aval de una sociedad que, después de décadas de inconstantes luchas, aprendió a repudiar a los símbolos de la represión y a valorar las luchas por los derechos humanos. Por eso el enfrentamiento con los militares fascistas, al igual que los palcos compartidos con las Madres de Plaza de Mayo, son parte de esa estrategia de relegitimación, y de apropiación de las banderas populares. Aunque esas fotos y esos discursos, que ocupan tapas de diarios y horas de coberturas periodísticas, no sean más que un elemento de confusión y distracción mientras lo esencial, un modelo económico que mantiene la desigualdad y facilita los privilegios de unos pocos, sigue adelante de la mano de Kirchner.

fuente: http://www.prensadefrente.org